Como paciente de cáncer, tu elección sería lo privado: moderno, eficaz, eficiente y disponible sin esperas.
La corrupción es como el cáncer: se expande de manera agresiva, buscando infectar todo lo que toca. Ninguna institución queda intacta. Y así como el cáncer limita la capacidad del cuerpo para sanar, la corrupción restringe el acceso a los remedios públicos. La Fiscalía despliega escenarios interminables para retrasar cualquier avance, para desanimar, para desmotivar, esperando que simplemente te rindas y agaches la cabeza. Lo que sigue es frustración. Ira. Rabia.
Para canalizar esas emociones, la corrupción misma crea comisiones de Derechos Humanos y oficinas de Anticorrupción. Sus nombres te dan algo de esperanza, porque no tienes otra opción más que confiar en ellas, al menos un poco. Sin embargo, lo único que hacen es desperdiciar tu tiempo, engañándote con la ilusión de que podría haber progreso. Pero al final no lo hay. Nunca estuvo previsto que lo hubiera.
¿Denuncia Ciudadana? Tal vez puedan ayudar. Otra pérdida de tiempo. Pero ¿cómo podrías saberlo de antemano? Imposible.
¿Y un abogado privado en quien confías? Incluso ahí la ilusión persiste. Tu abogado forma parte del colegio de abogados —una institución controlada por el Estado que autoriza y regula la profesión. Así que incluso un abogado privado es en realidad semi‑privado, atado al mismo sistema.
La pregunta se vuelve más aguda: ¿existe realmente alguien que sea plenamente libre para actuar contra la corrupción sin sufrir represalias?
Contacto con Anticorrupción, 2023–2026
La Fiscalía Anticorrupción fue presentada como el último invento del estado de Querétaro para combatir la corrupción. Un edificio nuevo, una página web elegante — pero el acceso requiere cita previa. Los correos enviados a FAnticorrupcion@ rebotan como no entregables, y siguen rebotando hoy, abril de 2026.
El contacto oficial supuestamente es Benjamín Salazar, Director de Anticorrupción. Llamamos a su teléfono. Contestó una joven que nunca dio su nombre ni ningún detalle. Pedimos hablar directamente con Anticorrupción. En lugar de eso, de inmediato nos presionó para explicar la naturaleza de nuestra consulta. Su tono fue grosero, su lenguaje distinto al de cualquiera que trabaje en esa área, y actuaba como una agente de call center. Demasiado joven, demasiado distante, y sin disposición de ayudar.
Queríamos concertar una reunión, buscando la oportunidad de tener una conversación discreta y constructiva. Ella tampoco pudo ayudar con el problema del correo electrónico — no le importaba. La conversación terminó sin ninguna base para establecer confianza.
En enero de 2024, unos meses después de esa llamada, presentamos una denuncia ciudadana contra Benjamín Salazar. No lo acusábamos de nada en particular, sino que explicábamos la situación que, como director, debería querer resolver. No hubo ningún avance. Un congelamiento total durante dos años.
El 20 de abril de 2026, a las 10:36 a.m., volvimos a llamar. La experiencia fue idéntica. La misma actitud, la misma negativa a involucrarse. El correo seguía rebotando.
Dos años después, nada ha cambiado.